Agroma Sober cuestiona los criterios de protección del paisaje ante un nuevo proyecto turístico en Doade
Agroma Sober–Interior Galego Vivo cuestiona los criterios aplicados por la Xunta para autorizar un proyecto de 20 cabañas turísticas en los viñedos de la bodega Regina Viarum, en Doade, y reclama conocer si las mismas exigencias administrativas se aplican a las diferentes actuaciones que se desarrollan en la Ribeira Sacra.
Según señala la formación, el Informe de Impacto Ambiental contempla la instalación de 20 cabañas estables e independientes en una superficie de 18.169,16 metros cuadrados. De acuerdo con la documentación citada por Agroma Sober–IGV, las construcciones dispondrán de jardín y piscina propia, además de salón, aseo y dormitorio, y estarán compuestas por fachadas de madera y/o hormigón visto, grandes superficies exteriores de vidrio y cubiertas verdes ajardinadas.
La formación considera que este tipo de iniciativas están contempladas por la normativa autonómica para determinadas instalaciones turísticas en suelo rústico y plantea si los criterios aplicados son equiparables a los que afectan a otras actuaciones vinculadas a la actividad vitícola en la Ribeira Sacra.
Agroma Sober–IGV señala que no cuestiona la presencia de actividad económica y turística en la Ribeira Sacra, pero reclama “igualdad de trato, transparencia y respeto efectivo por el territorio”. La formación sostiene que algunos propietarios se encuentran con dificultades en los trámites administrativos ante la Xunta o la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), incluso para realizar pequeñas actuaciones en sus propiedades.
“Mientras una persona de la Ribeira Sacra se encuentra con continuas dificultades y exigencias de Patrimonio o de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) para rehabilitar, ampliar o adaptar una pequeña construcción, vemos cómo grandes proyectos turísticos pueden avanzar en el mismo territorio con la venia del Partido Popular”, afirma Paula Verao, portavoz de Agroma.
La formación compara también la regulación de las instalaciones turísticas con la normativa aplicable a la construcción o ampliación de pequeñas edificaciones en la ribera de Sober. Según señala, estas últimas deben adaptarse al terreno y respetar la tipología tradicional, mientras que el PXOM de Sober, redactado hace dos décadas, no incorporó las nuevas tipologías turísticas previstas en la normativa autonómica.
Otro de los aspectos que Agroma Sober–IGV pone sobre la mesa es la información ambiental disponible. La formación señala que el informe de la Xunta indica que el proyecto se sitúa en un ámbito catalogado en el Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España, y plantea si la información disponible permite determinar con suficiente precisión la posible afección sobre especies protegidas o en peligro de extinción.
En este sentido, reclama que se actualice la información relativa a la flora y la fauna protegidas en las zonas sensibles de las riberas y que se hagan públicos los informes emitidos por los diferentes organismos en relación con el proyecto.
El proyecto deberá continuar ahora con la tramitación de los permisos municipales correspondientes e incorporar las medidas ambientales establecidas en el informe de la Xunta. Agroma Sober–IGV considera que el caso puede contribuir a abrir un debate sobre el modelo territorial y turístico de la Ribeira Sacra y sobre la compatibilidad de las nuevas instalaciones con la conservación del paisaje tradicional.
La formación recuerda en este contexto que ICOMOS recomendó en dos ocasiones no inscribir la candidatura de la Ribeira Sacra en la lista de Patrimonio Mundial, entre otros motivos por cuestiones relacionadas con el modelo de paisaje tradicional. Agroma Sober–IGV subraya que no pretende hablar en nombre de este organismo ni anticipar cuál sería su valoración sobre el proyecto, pero pide a las administraciones que expliquen cómo se compatibilizan estas actuaciones con la protección de los valores por los que se pretende obtener ese reconocimiento internacional.
La formación también cuestiona que el Concello de Sober no haya dado publicidad al proyecto ni haya presentado consideraciones al respecto, según sostiene, y reclama una explicación pública sobre las diferencias que, a su juicio, existen entre las dificultades administrativas a las que se enfrentan pequeños propietarios y la tramitación de grandes proyectos turísticos.
“No cuestionamos que quien invierte tenga derecho a desarrollar una actividad conforme a la ley. Cuestionamos que la ciudadanía pueda llegar a percibir que existen ‘dos niveles de exigencia administrativa: uno para el vecindario y otro para quien tiene recursos y capacidad de interlocución’”, señala Agroma Sober–IGV.
La formación reclama finalmente que las administraciones hagan accesible la documentación y los informes relacionados con el proyecto y que la protección del paisaje se aplique, según defiende, con criterios homogéneos, con independencia de las dimensiones o de la capacidad económica de quien promueve cada actuación.