Por Chantada - Interior Galego Vivo alegaciones contra un nuevo parque eólico por no evaluar su impacto acumulado en la comarca
La formación Por Chantada ha presentado alegaciones al proyecto del Parque Eólico Industrial Monte Cabeza II y a sus infraestructuras de evacuación, un expediente que prevé la instalación de seis nuevos aerogeneradores con una potencia conjunta de 40,8 MW, además de su conexión con la nueva subestación Soilán II. La iniciativa no solo afecta a Chantada, sino también a los municipios de Rodeiro, Agolada y Antas de Ulla, y contaría con una ayuda pública del IDAE cercana a los 9,3 millones de euros que, según la formación, no debería concederse al tratarse de una instalación nueva y no de una repotenciación.
El portavoz de la organización ha señalado que no se trata de seis molinos aislados, sino de una pieza más dentro de una concentración extraordinaria de infraestructuras energéticas que ya afecta a la comarca, tanto en las sierras del Faro, Farelo y A Martiñá como en las zonas cercanas al río. Las alegaciones piden precisamente que la Administración deje de estudiar cada expediente de forma aislada y valore los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de instalaciones existentes y proyectadas.
Una instalación más en un territorio ya saturado
El proyecto contempla seis aerogeneradores del modelo Vestas V162, de 6,8 MW cada uno, con 162 metros de diámetro de rotor y 119 metros de altura de buje. Según explica la formación, en un radio de apenas diez kilómetros ya se concentra un número muy elevado de instalaciones eólicas, tanto en funcionamiento como en tramitación, a las que se suman líneas de alta tensión, subestaciones y sistemas de almacenamiento. Por ello, consideran que la Administración debería determinar la capacidad de carga real del territorio antes de autorizar nuevas instalaciones.
Uno de los puntos centrales de las alegaciones es la propia subestación Soilán II, que no serviría únicamente a Monte Cabeza II, sino que incluiría también conexiones para sistemas de almacenamiento, posiciones de reserva y enlace con otra subestación y con la red de transporte. Para la formación, esto obliga a analizar de forma conjunta la generación, el almacenamiento, la transformación y la evacuación eléctrica, evaluando su impacto sobre la actividad agraria, el ruido, los campos electromagnéticos, el uso del suelo, los accesos, el riesgo de incendio, las aguas, el paisaje y la fauna.
Un trabajo de fiscalización que exige constancia
La formación destaca además el esfuerzo técnico y documental que supone analizar en detalle los numerosos proyectos energéticos que se están tramitando en el último año en la zona. Aseguran que las alegaciones no se limitan a expresar una postura política, sino que incluyen un estudio pormenorizado de la documentación del expediente, las infraestructuras asociadas, las coordenadas, la ocupación del territorio y los posibles impactos sobre biodiversidad, aguas, paisaje, patrimonio, actividad agraria y población.
En los aspectos donde reconocen no disponer de medios suficientes para un análisis exhaustivo, piden que sean tenidos en cuenta en la declaración de impacto ambiental. Es el caso de la fauna, para la que solicitan estudios que acrediten mediante muestreos adecuados las rutas de vuelo, corredores ecológicos, zonas de alimentación y reproducción, así como los riesgos de colisión y los efectos acumulativos sobre aves y quirópteros. También reclaman un análisis específico de las afecciones sobre cursos de agua, humedales y aprovechamientos vecinales, en un contexto en el que ya existe preocupación por la incidencia de estas infraestructuras sobre los recursos hídricos, agravada por las sequías estivales que afectan a las traídas vecinales en numerosas parroquias del municipio.
Alegaciones sistemáticas frente a la sucesión de proyectos
La organización subraya que es la única fuerza política local que está presentando alegaciones de manera sistemática a los diferentes proyectos energéticos que afectan al territorio, desde parques eólicos y sus líneas de evacuación hasta instalaciones de almacenamiento. Aseguran compaginar este trabajo con la presentación de alternativas en el pleno municipal y con la fiscalización de decisiones del gobierno local, entre ellas un compromiso económico de 5,66 millones de euros a varios años vista que critican por su calendario, próximo a las próximas elecciones municipales.
Las alegaciones concluyen solicitando que no se autorice el proyecto mientras no exista una evaluación ambiental suficiente, que se analicen conjuntamente los impactos acumulativos y sinérgicos de todas las instalaciones de la zona, y que se determine la capacidad real del territorio para asumir nuevas infraestructuras energéticas.