Por Chantada denuncia un alud de liquidaciones del IBI con cobros retroactivos de hasta cuatro años en el rural
Varias personas propietarias de inmuebles en las parroquias de Chantada están recibiendo en los últimos días liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con cobros acumulados de ejercicios anteriores. Así lo ha trasladado la formación municipalista Por Chantada – Interior Galego Vivo, que ha hecho pública la situación a partir de las quejas que, según indica, le han llegado de vecinos afectados por estas notificaciones.
Según explica el grupo, los importes reclamados corresponderían a un periodo de hasta cuatro años hacia atrás, y en varios casos las cantidades resultarían, a juicio de las personas afectadas, muy superiores a lo que cabría esperar atendiendo al valor real de sus propiedades.
Un proceso que, según la formación, se veía venir desde 2022
Por Chantada sitúa el origen de la polémica en un proceso de revisión catastral que, según recuerda, ya denunció hace varios años. En concreto, la formación afirma que en febrero de 2022 alertó de que el Concello estaba trabajando sobre las llamadas “zonas blancas” —áreas rurales con inmuebles no incorporados hasta entonces al Catastro— y que ese trabajo podía traducirse en miles de nuevas notificaciones a vecinos del municipio.
El grupo sostiene que aquella revisión no se habría limitado a dar de alta propiedades hasta entonces no registradas, sino que también habría supuesto cambios en la superficie y el valor asignado a inmuebles que ya venían pagando el impuesto, lo que a su entender explicaría ahora el importe de algunos de los recibos que están llegando a los hogares.
Entre las construcciones que podrían haberse visto afectadas por este tipo de revisión, la formación menciona edificaciones típicas del medio rural ligadas antiguamente a labores agrícolas o ganaderas —como cuadras, pajares o cobertizos— que en muchos casos llevan años en desuso. El grupo pone el acento especialmente en las personas mayores, que seguirían tributando por este tipo de construcciones pese a que, según indican, apenas tienen ya utilidad ni valor de mercado en sus aldeas.
Dudas sobre el convenio firmado con una empresa
Una parte importante de la denuncia de Por Chantada se centra en un convenio que, según el grupo, el Concello firmó con una compañía privada para desarrollar trabajos de actualización catastral en el rural. La formación indica que tuvo constancia de ese acuerdo por una referencia incluida en un decreto municipal, pero que hasta el momento no ha podido acceder al contenido íntegro del documento pese a haberlo solicitado.
Ante esa falta de acceso, el grupo reclama que el gobierno municipal aclare públicamente en qué ha consistido la colaboración con esa empresa, qué actuaciones concretas se han llevado a cabo sobre el terreno y qué efecto han tenido esos trabajos en los valores catastrales que ahora sirven de base para calcular el impuesto. La formación recuerda, además, que en mayo de 2025 ya puso sobre la mesa la existencia de otro acuerdo relacionado con trabajos catastrales, en ese caso vinculado a la empresa Cartografía e Medicións S.L.
El portavoz de Por Chantada, Antom Fente, pidió que el gobierno local “dé la cara” y explique en qué términos se alcanzó ese acuerdo y qué garantías se establecieron para proteger los intereses de los vecinos.
“El rural no puede tributar como si fuera urbano”
Más allá del convenio, Por Chantada pone el foco en una cuestión de fondo: considera que no resulta razonable que parroquias con escasa población y con carencias evidentes en infraestructuras básicas —sin red pública de agua corriente, sin saneamiento o sin un sistema de depuración de aguas residuales equiparable al de las zonas urbanas— se vean sometidas a una presión fiscal pensada, según el grupo, para entornos con muchos más servicios.
La formación recuerda igualmente que la fijación de los valores catastrales depende de la Administración del Estado, pero subraya que la gestión y el cobro del IBI son competencia del propio Concello, por lo que considera que el Ayuntamiento no puede desentenderse de la situación alegando que la responsabilidad recae en otro organismo, dado que es la propia institución municipal la que firma convenios con empresas para este fin y la que finalmente emite y cobra los recibos.
Varias peticiones al Concello
A raíz de esta situación, Por Chantada ha trasladado al gobierno municipal una serie de peticiones concretas. Entre ellas, pide que se facilite el acceso íntegro al convenio firmado con la empresa y a la documentación relacionada; que se explique con detalle el alcance de los trabajos realizados en las zonas rurales y los criterios utilizados para modificar valores y superficies; y que se informe con claridad de qué ejercicios están afectados por las liquidaciones actuales y cómo se han calculado.
El grupo reclama además que se ponga a disposición de los vecinos un servicio municipal de orientación para quienes quieran revisar sus recibos o valorar la posibilidad de presentar alegaciones o recursos, así como que se trasladen al Catastro aquellos casos en los que los valores asignados no se correspondan con la realidad de las propiedades. Por último, pide que se estudien fórmulas fiscales a nivel municipal que eviten que los vecinos del rural soporten una carga tributaria desproporcionada en relación con los servicios que realmente reciben.
La formación recomienda a quienes estén recibiendo estas liquidaciones que revisen con cuidado los datos de sus inmuebles, los importes reclamados, los años a los que corresponde cada recibo y los plazos disponibles para reclamar, antes de que estos se agoten.