La Diputación reclamará a la Xunta un nuevo modelo de prevención y defensa frente a los incendios forestales
El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes la propuesta del Gobierno provincial para instar a la Xunta de Galicia a impulsar un nuevo modelo de prevención y defensa contra los incendios forestales, adaptado a la realidad actual y centrado en la prevención como principal herramienta para proteger el territorio, el medio rural y la población.
La presidenta de la Diputación, Carmela López, indicó antes del inicio de la sesión que se está afrontando un escenario marcado por incendios cada vez más intensos y complejos, que obligan a revisar las políticas públicas en esta materia. La iniciativa salió adelante con el apoyo del BNG y del diputado no adscrito, y con los únicos votos en contra del PP.
Durante su intervención, la portavoz socialista del Gobierno, Pilar García Porto, destacó que el cambio climático, el abandono de la actividad agraria, la acumulación de biomasa y la despoblación están favoreciendo incendios de comportamiento extremo, que superan la capacidad de respuesta de los dispositivos tradicionales. En este contexto, subrayó que la prioridad debe situarse en la prevención, la planificación y la gestión activa del paisaje, complementando la labor esencial que desarrollan los equipos de extinción.
Asimismo, puso en valor el trabajo de los profesionales que participan en la prevención y en la lucha contra el fuego, así como el papel de las comunidades de montes, del sector agroganadero y de los vecinos del rural, “que cada día contribuyen a mantener vivo el territorio y constituyen la primera línea de defensa frente a los incendios”.
La propuesta aprobada recoge un conjunto de medidas dirigidas a la Xunta de Galicia para avanzar hacia un modelo más eficaz y estable. Entre ellas figura la elaboración, en el plazo máximo de tres meses, de una evaluación pública e independiente del cumplimiento del primer quinquenio del Plan Forestal de Galicia 2021-2040; la reforma integral de la política gallega de prevención de incendios, orientándola hacia la prevención estructural; la adaptación al cambio climático; y la ejecución efectiva de la gestión de la biomasa en las franjas secundarias de protección, especialmente en los ayuntamientos con menor capacidad económica y técnica.
La iniciativa también reclama la creación de un Programa Gallego de Paisajes Resilientes, con especial atención a la montaña lucense, Os Ancares, O Courel y la Ribeira Sacra, así como el refuerzo estable de los recursos humanos destinados a la prevención y defensa contra incendios, reduciendo la temporalidad y garantizando dispositivos operativos durante todo el año. Además, propone incrementar las inversiones en prevención, incorporar indicadores públicos de evaluación al PLADIGA, elaborar una estrategia específica para la provincia de Lugo e impulsar, en colaboración con las administraciones locales, un Plan Gallego de Prevención Local que defina responsabilidades y asegure la dotación económica necesaria.
Según defendió Pilar García Porto, la realidad de la provincia de Lugo requiere políticas adaptadas a sus características territoriales y demográficas, apostando por un modelo que combine la prevención, la gestión sostenible del monte y el apoyo a la actividad económica en el rural como mejor garantía para reducir el riesgo de grandes incendios y proteger el patrimonio natural, social y económico de la provincia.
Enseñanza pública de calidad
La Diputación de Lugo también reclamará a la Xunta de Galicia una enseñanza pública de calidad, inclusiva, en gallego y con recursos suficientes. La iniciativa socialista fue defendida por el diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, quien advirtió de que la educación pública constituye un servicio esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social, especialmente en una provincia como Lugo, marcada por la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la despoblación del medio rural.
Durante su intervención, Rivera señaló que “la escuela pública es un pilar fundamental para mantener vivos los municipios del interior y asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a las mismas oportunidades, vivan donde vivan”. En este sentido, alertó de la falta de recursos humanos, de la escasez de profesorado, de las bajas sin cubrir, del incremento de las ratios y de la insuficiencia de personal especializado para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o al alumnado recientemente incorporado al sistema educativo.
El diputado también incidió en la necesidad de reforzar la escuela rural y de frenar el cierre de unidades educativas, recordando que, en buena parte de la provincia, los centros escolares desempeñan una función que va más allá de la educación, al constituir un elemento clave para la cohesión territorial y para fijar población en el medio rural. Además, puso en valor el papel del gallego como lengua propia de la enseñanza y como herramienta de integración, igualdad y cohesión social.
La moción, aprobada por el Pleno con el apoyo del BNG y del diputado no adscrito y los votos en contra del PP, incluye el apoyo institucional de la Diputación al profesorado, al personal educativo, al alumnado y a las familias, e insta a la Xunta de Galicia a garantizar una enseñanza pública suficientemente financiada, incrementar las plantillas docentes y educativas, cubrir con agilidad las sustituciones, reducir las ratios y evitar el cierre de escuelas en el rural. También reclama mejoras en las condiciones laborales del profesorado, la reducción de la burocracia, la modernización de las infraestructuras escolares, el refuerzo de los recursos para la atención a la diversidad, la protección de la presencia del gallego en el sistema educativo y la garantía de un transporte y un servicio de comedor adaptados a las características de la provincia de Lugo.
Rivera concluyó defendiendo que “invertir en la enseñanza pública es invertir en el futuro de la provincia, garantizando la igualdad de oportunidades, combatiendo la despoblación y fortaleciendo la cohesión social y territorial de Lugo”.
PSOE y BNG rechazan que el Gobierno de Sánchez tenga en cuenta las demandas de los médicos al modificar el Estatuto Marco
Los votos de PSOE y BNG rechazaron la propuesta del Partido Popular para que se tuvieran en cuenta las demandas de los médicos en la modificación del Estatuto Marco y para poner fin a las huelgas que se reanudarán en septiembre.
“El gobierno provincial de PSOE y BNG rechaza reclamar al Gobierno de España poner fin a la huelga de los médicos en todo el país. PSOE y BNG se niegan a que el Gobierno de Sánchez renueve el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud desde el consenso real con los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas”, explicaron los populares.
El gobierno provincial de PSOE y BNG votó en contra de la iniciativa del Grupo Provincial Popular que reclamaba retirar la propuesta actual, “que no recoge las demandas de los profesionales para hacer frente a los problemas reales del Sistema Nacional de Salud, y abrir un proceso de diálogo hasta alcanzar el consenso de los profesionales y de las comunidades autónomas”. Consideran que de este modo se pondría fin a los paros médicos que están afectando a los tiempos de espera de los pacientes y que continuarán después del verano ante la falta de acuerdos con el Ministerio de Sanidad.
El diputado popular Francisco Balado señaló que “llama la atención que no quieran apoyar esta moción, sobre todo porque son todos los sindicatos médicos de las 17 comunidades autónomas los que están pidiendo la modificación, no es solo el Partido Popular. Es una petición que hacen los colectivos médicos de Galicia, Asturias, Castilla y León, el País Vasco, Cataluña, etc.”, aclaró.
Balado dejó claro que “quien tiene la competencia para modificar el Estatuto Marco no es la comunidad autónoma. Es el propio Gobierno del Estado”. Pero añadió que “cada vez que les desvirtúan el debate de la sanidad en clave autonómica se ponen nerviosos”.
El diputado popular señaló que “las reivindicaciones de PSOE y BNG en esta institución en materia sanitaria antes de que Sánchez llegara al poder iban dirigidas también al Gobierno central”. Sin embargo, afirmó que desde entonces “se olvidaron y no le hicieron ni una sola petición en materia sanitaria”. Y replicó: “A cada uno lo suyo. Al Estado lo que le corresponde y a la comunidad autónoma lo que le corresponde”.
Balado preguntó “si la sanidad es de todos, ¿por qué no se dirigen al Gobierno?”. E incidió en que “fue el que modificó el Estatuto Marco y el que provocó el enfado de todos los colectivos médicos”.
“Ustedes llevan tiempo criticando la falta de médicos en Atención Primaria”. Y aunque, según afirmó, “está demostrado que el Estatuto Marco propuesto por el Gobierno agrava esos problemas, ahora no les interesa la mejora de la Atención Primaria, aunque se vea perjudicada por la redacción del nuevo Estatuto Marco. En el fondo no les importa la falta de médicos; lo único que les preocupa es tener motivos para protestar”, añadió.
El diputado popular recordó que “ya votaron en contra más veces” de aplicar medidas para paliar el déficit de médicos: “En 2021 y 2022 Galicia quería avanzar con medidas propias, como hicieron otras comunidades autónomas, aprobando normas, por ejemplo, para contratar médicos por concurso de méritos sin oposición, y ustedes votaron en contra en el Parlamento de Galicia”.
El BNG denuncia la "involución" del PP con el gallego y pide reforzar el apoyo al sector apícola
La portavoz del BNG en la Diputación de Lugo, Iria Castro, denunció en el pleno provincial la "involución" del PP respecto al gallego y reclamó recuperar el consenso político y social en torno a la lengua alcanzado con el Plan General de Normalización Lingüística de 2004. La moción nacionalista fue aprobada y critica la propuesta de actualización presentada por la Xunta el pasado 15 de julio.
Castro censuró que el nuevo plan fue elaborado sin contar con los servicios de normalización lingüística ni con entidades como A Mesa, además de ignorar aportaciones del propio grupo de expertos de la Xunta. También advirtió de que elimina el mínimo del 50 % de la docencia en gallego, mantiene la prohibición de impartir materias científicas en esta lengua y reduce su protección en los servicios públicos. A su juicio, se trata de un documento "inútil para el gallego" y que no responde al retroceso del uso de la lengua, especialmente entre la juventud.
En el mismo pleno, el BNG reclamó a la Xunta medidas urgentes para apoyar al sector apícola, afectado por la expansión de la avispa velutina, la varroa y la competencia de la miel importada a bajo precio. Iria Castro alertó de la pérdida de 8.500 colmenas y 250 explotaciones en Galicia entre 2023 y 2025 y criticó la falta de actuaciones eficaces por parte del Gobierno gallego.
La moción, aprobada con los votos de BNG y PSOE, insta a la Xunta a reformular las medidas de control de la velutina, elaborar un estudio sobre el impacto de las plagas en las explotaciones e incrementar los fondos destinados al Plan Apícola de Galicia.