La Diputación reclama a la Xunta que la provincia cuente con los fondos de compensación y exige más vivienda pública
El pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes dos iniciativas centradas en cuestiones que afectan al desarrollo territorial y al bienestar de la ciudadanía: la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y el impulso de la vivienda pública en la provincia. Ambas salieron adelante con los votos a favor del PSdeG, el BNG y el diputado no adscrito, mientras que el PP votó en contra.
«Lugo necesita un reparto transparente de los fondos e inversiones que se traduzcan en soluciones reales para las personas», valoró la presidenta de la Diputación, Carmela López, antes del comienzo de la sesión. «No entendemos cómo la provincia de Lugo lleva tantos años quedándose a cero en el Fondo de Compensación Interterritorial, que precisamente debe servir para compensar los desequilibrios entre territorios. Y tampoco basta con anunciar 350 millones de euros para vivienda si después no se ejecutan, cuando tenemos 3.444 solicitudes de vivienda protegida en nuestra provincia», añadió.
En lo que respecta al FCI, el Gobierno provincial presentó una propuesta en la que reclama a la Xunta de Galicia un modelo de reparto transparente y equilibrado, que tenga en cuenta las necesidades específicas de la provincia de Lugo.
«El desarrollo de una provincia no puede ser a costa de la exclusión de otra», defendió la portavoz socialista, Pilar García Porto, durante el debate. Recordó que Lugo lleva siendo excluida desde 2022 del reparto de estos fondos, que suman una media de 38 millones de euros al año para Galicia.
En 2024, último año analizado por el Consello de Contas, la totalidad del dinero se destinó al hospital Montecelo, de Pontevedra.
«No estamos pidiendo privilegios para Lugo, estamos pidiendo justicia territorial. Un fondo creado para corregir desigualdades no puede dejar fuera precisamente a los territorios que más necesitan ese equilibrio», argumentó García Porto. «La Xunta debe establecer criterios públicos y objetivos, repartir los recursos atendiendo a las necesidades de las cuatro provincias y explicar qué destino da a los fondos que quedan sin ejecutar. Defender Lugo no es pedir más que nadie: es exigir que no se nos dé menos de lo que nos corresponde», añadió.
Socialistas y nacionalistas sacaron adelante la iniciativa en la que instan a la Xunta a revisar el modelo de asignación de los fondos a un único proyecto y distribuirlos entre las provincias que más lo necesitan. Es necesario considerar las necesidades en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos a la hora de establecer las prioridades de inversión, remarcaron.
García Porto instó a la bancada de la oposición, en la que hay varios alcaldes, a preguntarse qué modelo de reparto de fondos quieren, contraponiendo la práctica de la Xunta con el FCI al Plan Diputación, que tiene criterios objetivos de asignación de fondos y que, en alguna época, el PP quería atribuirse, recordó la portavoz socialista.
La iniciativa aprobada también incluye la petición a la Xunta para que informe en el Parlamento sobre la gestión del FCI en los últimos años y sobre el destino de los remanentes pendientes de ejecución desde 2020.
Medidas para aumentar la oferta de vivienda pública
La segunda iniciativa, presentada por el grupo socialista, busca que el Ejecutivo autonómico incremente la promoción de vivienda pública en la provincia y apoye medidas orientadas a facilitar el acceso a una vivienda digna, tanto para los inquilinos como para los propietarios.
García Porto cifró en 35.703 las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de Galicia, de las cuales 3.444 pertenecen a la provincia de Lugo. Señaló que, entre 2010 y 2023, la Xunta solo promovió 5.869 viviendas protegidas en toda la comunidad autónoma, pese a ser la Administración que tiene las competencias en esta materia. «Menos anuncios y más viviendas, porque el derecho a un hogar no puede quedarse en promesas», subrayó.
El Gobierno provincial insta a la Xunta a aumentar el ritmo de ejecución del presupuesto que destina a vivienda, crear una bolsa de viviendas públicas para atender situaciones de urgencia social y ayudar a los ayuntamientos a abordar nuevas problemáticas comunes que tienen un impacto directo en la oferta de vivienda, como la proliferación de viviendas de uso turístico.
Asimismo, el Ejecutivo insta a la Xunta a apoyar las medidas impulsadas por el Gobierno de España en materia de alquiler, estabilidad de los contratos y protección frente a los desahucios.
El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, respondió a la moción del PP sobre la creación de un departamento de fondos europeos recordando que la Diputación de Lugo cuenta ya desde 2019 con un área de Proyectos Europeos y que, desde 2007, la institución ha gestionado 74 millones de euros en fondos europeos. También destacó la reciente creación del Centro de Innovación Territorial, dotado con seis técnicos, para reforzar la captación de recursos y apoyar a los ayuntamientos de la provincia.
En este sentido, cuestionó la propuesta de los populares al considerar que reclama crear una estructura que ya existe y señaló que, si ahora el PP presume de ese servicio en la Diputación de Pontevedra, es porque lo puso en marcha anteriormente un Gobierno bipartito como el que gestiona la institución lucense. Rivera Capón se refirió a varios programas que la Diputación lucense puso en marcha con fondos europeos, por ejemplo, para ayudar a la digitalización de los ayuntamientos o para la iluminación eficiente, y denunció que numerosos ayuntamientos gobernados por el PP no se adhirieron por intento de boicot o dejadez.
Antonio Ameijide defendió que los ayuntamientos más pequeños de la provincia necesitan acudir a instituciones superiores para afrontar inversiones y proyectos que no pueden asumir con sus presupuestos ordinarios, «por lo que los fondos disponibles en Europa suponen un impulso fundamental para los municipios más pequeños».
El portavoz popular destacó que en Europa existe un importante volumen de recursos que, para estos municipios, «son complicados de conseguir, ya que carecen de personal técnico e infraestructuras para tramitar las convocatorias y cumplir con las exigencias administrativas».
Rivera Capón cuestionó la falta de nuevas residencias públicas construidas por la Xunta de Galicia en la provincia de Lugo durante los ocho años de Fabiola García al frente de la Consellería de Política Social. Defendió que la Diputación seguirá adelante con la apertura de estos centros y reprochó a los populares que reclamen fechas a la institución provincial sin dar explicaciones sobre la ausencia de nuevas residencias públicas autonómicas en Lugo.
El diputado contrapuso así el esfuerzo de la Diputación para ampliar la red de atención a las personas mayores con la gestión de la Xunta en esta materia y reclamó un mayor compromiso con la creación de plazas públicas, ante las necesidades de atención y cuidados existentes en la provincia.
Las mociones nacionalistas
El grupo provincial del BNG llamó a la participación en la huelga general convocada para el 11 de noviembre para reclamar políticas que palíen la subida de los alimentos y de los combustibles y faciliten el acceso a la vivienda. El diputado Efrén Castro señaló la importancia de la movilización para avanzar en políticas sociales e impedir el avance de la derecha y de la extrema derecha durante el pleno provincial celebrado esta mañana, en el que salió adelante una moción del BNG en apoyo a la convocatoria de huelga.
El pleno provincial aprobó también una moción del BNG que insta a la Xunta de Galicia a incrementar la dotación de recursos y personal del servicio de ambulancias. La portavoz nacionalista Iria Castro reclamó al Gobierno gallego que tenga en cuenta la dispersión y la orografía de la provincia en la tramitación del nuevo contrato para la prestación del servicio. La diputada nacionalista explicó que «no basta con cumplir con las ratios de ambulancias por persona, sino que es necesario tener en cuenta la dispersión y la orografía de la provincia para garantizar una atención a situaciones de emergencia en los tiempos adecuados».
La portavoz del BNG señaló que la dotación y planificación actual genera situaciones de «caos» y «colapso» que pueden costar muy caro y que penalizan especialmente a los ayuntamientos más alejados de los puntos en los que tienen su base las ambulancias. También se detuvo en la situación de A Mariña, con una única ambulancia de Servicio Vital Avanzado para 70.000 personas desde 2019 y con un servicio mermado por la supresión de un técnico y la limitación del servicio a 12 horas.
Apoyo al Plan General de Normalización de la Lengua Gallega
Los diputados del Grupo Provincial Popular defendieron hoy una moción en la que pretendían que la Diputación de Lugo apoyase de forma unánime la actualización del Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, aprobado en el Parlamento de Galicia el pasado 7 de octubre, pero que «desde las filas del BNG utilizaron para, una vez más, ponerse como propietarios de la lengua gallega y no ver el consenso al que se llegó en la defensa de la lengua».
Los diputados populares destacaron la importancia de mantener el histórico escenario de consenso y unidad en torno al idioma, recordando que «el gallego es la lengua propia de Galicia y las administraciones públicas tenemos la obligación de garantizar su uso normal y oficial, potenciando su empleo en todos los órdenes de la vida pública».
La iniciativa, que se aprobó con los votos a favor del PP y del PSOE y con el voto en contra del BNG, tenía como finalidad respaldar el trabajo impulsado por el Gobierno gallego en el marco del Pacto por la Lengua, un proceso de diálogo en el que participaron más de 130 profesionales de diversos sectores y en el que se recogieron más de 1.400 aportaciones de instituciones, entidades y particulares. El documento final, que incluye cerca de 700 medidas de promoción lingüística adaptadas a las nuevas formas de socialización, fue aprobado en el Parlamento gallego por una amplísima mayoría.
Para los diputados del Grupo Provincial Popular es fundamental que la Diputación de Lugo se sume a este gran pacto y transmita un mensaje claro de compromiso con el idioma y con la convivencia lingüística.
Un pleno con público especial: niños del colegio San José
Medio centenar de alumnos y alumnas de entre 8 y 9 años del colegio San José de Lugo asistieron este martes al pleno ordinario de la Diputación. Los recibió el diputado Pablo Rivera y la presidenta compartió un rato con ellos antes de comenzar la sesión para explicarles el funcionamiento de la institución provincial y acercarles la labor que desarrolla.
El alumnado se mostró muy participativo e interesado y planteó muchas preguntas tanto al diputado como a la presidenta. Los estudiantes sabían que Carmela López es también la alcaldesa de Burela, preguntaron de dónde eran «tantas banderas» y se rieron cuando la presidenta les contó que la provincia tiene 67 ayuntamientos, haciendo la conocida broma de «six-seven». Algunos incluso le pidieron autógrafos, pero, como la sesión plenaria estaba a punto de comenzar, López se comprometió a hacerles llegar una dedicatoria personalizada a cada uno de ellos.
Las niñas y los niños también pudieron ver un pequeño vídeo sobre la Diputación y los técnicos de Protocolo les aportaron datos sobre el Pazo de San Marcos y sobre la institución.