La Diputación exige a la Xunta que retire el decreto que cierra los centros de salud los sábados

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Intenso debate sobre la defensa jurídica de Tomé, en el que el propio aludido tomó la palabra y aseguró ser inocente y haber solicitado la cobertura jurídica que le corresponde por ser diputado
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30 Jun 2026

El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó este martes reclamar a la Xunta de Galicia la retirada del decreto que modifica la organización de la atención primaria los sábados en horario de mañana. Una medida que supone, en la práctica, el cierre de centros de salud, una mayor presión asistencial sobre los Puntos de Atención Continuada (PAC) y un nuevo retroceso de la sanidad pública en el rural.

Así se acordó tras una moción socialista aprobada con el apoyo del BNG y del diputado no adscrito, y con los únicos votos en contra del PP.

«Estamos ante un nuevo golpe a la sanidad pública y a la atención de proximidad», valoró la presidenta de la institución provincial, Carmela López, antes de entrar en la sesión plenaria. «Falta planificación, sabemos que la población se triplica en muchísimas comarcas y no es aceptable que la solución a los problemas estructurales de la atención primaria pase por cerrar consultas y trasladar toda la presión a los PAC», añadió.

En la defensa de la iniciativa, el diputado de Recursos Sostenibles, Francisco Cajoto, denunció que el decreto fue aprobado sin diálogo con los profesionales sanitarios y que concentra la atención en los PAC sin reforzar las plantillas ni los recursos disponibles. También advirtió de que modifica de manera unilateral las condiciones laborales de los profesionales y agrava la sobrecarga de un servicio que ya sufre una importante falta de personal.

Cajoto recordó que la medida fue rechazada por los propios profesionales sanitarios y puso como ejemplo las dificultades de acceso a la atención urgente en municipios como Friol, donde los vecinos deben desplazarse a Lugo, Guitiriz, Palas de Rei, Outeiro de Rei o Guntín. Además, señaló que, según el Consello de Contas, uno de cada tres profesionales del sistema sanitario gallego tiene un contrato eventual, un porcentaje que asciende al 40 % en el caso del personal de enfermería.

Con la aprobación de la moción, la Diputación insta a la Xunta a retirar el decreto, recuperar el modelo anterior de atención sanitaria los sábados y evitar el cierre de centros de salud y la ampliación forzosa de los horarios en los PAC. También reclama la creación de un grupo de trabajo con los profesionales para evaluar las necesidades del servicio, reforzar la atención sanitaria en el rural y poner en marcha un plan específico para atender el incremento de población durante los meses de verano.

Demanda de un plan estratégico de servicios sociales

La Diputación de Lugo también reclamará a la Xunta de Galicia un plan estratégico de servicios sociales y transparencia en su financiación y en la del sistema gallego de dependencia. La medida quedó también aprobada en el Pleno celebrado este martes en el Pazo de San Marcos tras una moción socialista que salió adelante con los votos a favor del PSdeG, BNG y del diputado no adscrito y los votos en contra del PP.

El diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, señaló en la sesión plenaria que el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica o la mayor longevidad de las personas están incrementando las necesidades asistenciales de las personas mayores y dependientes de toda Galicia. Una situación que se ve agravada por las «importantes» carencias en materia de planificación, coordinación y financiación, como evidencian las cifras oficiales.

En ese sentido destacó que, según el Observatorio Estatal de Dependencia, Galicia es una de las comunidades autónomas con menor inversión por persona potencialmente dependiente. Asimismo, recalcó que los informes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales revelan que Galicia invirtió en 2025 una media de 1.490 euros por persona dependiente frente a los 3.102 euros del País Vasco, los 2.757 euros de Extremadura, los 2.632 euros de Baleares o los 2.578 euros de Navarra.

La iniciativa aprobada incluye instar a la Xunta a elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Galicia previsto por ley; presentar un informe detallado y público sobre las aportaciones económicas destinadas a la financiación del sistema de dependencia en Lugo entre 2012 y 2025; reforzar la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar; y desarrollar una planificación real y coordinada de plazas residenciales y recursos sociales.

El Pleno provincial sacó adelante, por unanimidad, una Declaración Institucional reafirmando su compromiso con los derechos del colectivo LGTBI, con motivo del Día Internacional del Orgullo, que se conmemoró el pasado domingo 28 de junio. Un texto que denuncia la persistencia de la discriminación y la violencia y llama a reforzar las políticas públicas de igualdad, protección, educación y convivencia inclusiva.

El BNG defiende la Sanidad pública

El BNG llevó al pleno de la Diputación de Lugo dos iniciativas centradas en la sanidad pública de A Mariña y en la prevención de los incendios forestales. La primera de ellas reclamaba a la Xunta que rectifique el cierre de 36 camas en el Hospital da Mariña durante los meses de verano, una medida que, según denunció el diputado Daniel García, reduce la capacidad asistencial en un período en el que la población de la comarca llega a triplicarse.

El nacionalista criticó que mientras el PP celebra el 40 aniversario del Hospital de Burela, cierra camas y reduce personal, destinando a los profesionales a cubrir vacaciones y necesidades de otros servicios. Según explicó, esta situación provoca derivaciones de pacientes al HULA de Lugo, obligando también a sus familias a desplazarse. La moción salió adelante a pesar del voto en contra del Partido Popular.

En el mismo pleno, el BNG advirtió de los incumplimientos de la Xunta en materia de prevención de incendios al no ejecutar la limpieza de las franjas secundarias de protección comprometidas en los municipios de menos de 10.000 habitantes. A través de una propuesta de gobierno, la formación reclamó políticas de prevención “reales y eficaces”, con más recursos, medios y capacidad de gestión.

Daniel García criticó la “propaganda forestal” del Ejecutivo gallego y defendió una estrategia basada en la prevención activa durante todo el año, en la valorización del monte y en la diversificación de sus usos. En esa línea, puso en valor el programa provincial “Lo que no arde”, destinado a apoyar la ganadería extensiva y el aprovechamiento sostenible del territorio como herramienta de prevención de los incendios.

Rechazadas las dos propuestas del Partido Popular

El Pleno rechazó las dos iniciativas presentadas por el Grupo Provincial Popular, centradas en la defensa jurídica de José Tomé y en la ampliación del Museo Provincial del Mar de San Cibrao.

En el primer debate, el PP propuso impedir que la Diputación financie, de forma directa o indirecta, la defensa de cargos públicos investigados por presuntos delitos de acoso o agresión sexual. El portavoz popular, Antonio Ameijide, acusó al PSOE y al BNG de mantener su apoyo a José Tomé y advirtió de que los recursos públicos podrían acabar sufragando su defensa jurídica.

Ameijide calificó la situación de «indecencia» y sostuvo que Tomé solicitó la cobertura de gastos legales por importe de 37.000 euros más IVA. Además, criticó a la presidenta provincial, Carmela López, por no aclarar si determinadas actuaciones atribuidas al expresidente pueden considerarse relacionadas con el ejercicio del cargo.

Desde el gobierno provincial, PSOE y BNG negaron que exista acuerdo alguno para asumir esa defensa. Carmela López aseguró que no hay resolución ni acuerdo de la Junta de Gobierno y explicó que lo único existente es una póliza de responsabilidad civil que cubre a todos los diputados provinciales. Por su parte, el portavoz del BNG, Efrén Castro, afirmó que «no hay ni un solo euro de la Diputación» destinado a pagar la defensa de Tomé y acusó al PP de construir una moción basada en «mentiras».

José Tomé también intervino para defenderse, asegurando que nunca pidió dinero a la Diputación y que simplemente comunicó una situación contemplada en la póliza, de la que pueden beneficiarse todos los miembros de la corporación.

En el segundo asunto, el PP reclamó que la Diputación respondiera a la propuesta del Ayuntamiento de Cervo para ampliar el Museo Provincial del Mar. El viceportavoz popular, Demetrio Salgueiro, destacó el esfuerzo realizado por el municipio, que adquirió con fondos propios una vivienda y un terreno colindante para facilitar la ampliación de las instalaciones.

Salgueiro lamentó que el gobierno provincial no diera respuesta a la petición municipal y defendió que la actuación permitiría ganar espacio para exposiciones, actividades didácticas, investigación y conservación de fondos, en un museo que considera estratégico para el turismo de A Mariña.

Sin embargo, PSOE y BNG no apoyaron la iniciativa popular, por lo que la propuesta no prosperó. Los populares criticaron la falta de compromiso del gobierno provincial con un proyecto que, según recordaron, lleva más de veinte años reclamando una ampliación para atender el crecimiento de las colecciones y el incremento de visitantes.

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