IGV denuncia la falta de brigadas forestales en municipios del sur de Lugo y reclama un operativo público centralizado
Interior Galego Vivo (IGV) denuncia que los concellos de Sober, Pantón y O Saviñao no disponen este verano de brigadas municipales de prevención y extinción de incendios forestales, una situación que la entidad atribuye a las dificultades para cubrir las plazas de jefatura de brigada y que considera una muestra del fracaso del actual modelo de organización del operativo.
Según explican, en el caso de Sober la convocatoria para contratar al personal de la brigada se publicó el 16 de junio, pero no fue posible encontrar candidatos que cumpliesen los requisitos para ejercer como jefe de brigada, por lo que el Concello renunció finalmente a la puesta en marcha del servicio el pasado 7 de julio. IGV asegura que circunstancias similares se produjeron también en Pantón y en O Saviñao.
La formación considera que la dificultad para cubrir estos puestos está relacionada con las condiciones laborales ofertadas, consistentes en contratos temporales de tres meses, con una elevada responsabilidad y un salario bruto mensual próximo a los 1.450 euros, según el Concello. En su opinión, esta situación evidencia la necesidad de un operativo profesionalizado y estable.
IGV recuerda que las brigadas municipales funcionan al amparo de los convenios de colaboración entre la Consellería do Medio Rural y los concellos, mediante los que la Xunta financia parte de los costes mientras las administraciones locales asumen la contratación del personal, la gestión de los medios y la organización de los trabajos. La entidad considera que este sistema incrementa la carga administrativa de los municipios y responde, a su juicio, a la voluntad de evitar una mayor contratación directa por parte de la Administración autonómica.
Desde la formación sostienen que el modelo actual lleva décadas en funcionamiento sin resolver, a su entender, las deficiencias estructurales de la prevención de incendios. En este sentido, cifran en alrededor de 38 millones de euros anuales la inversión destinada a las brigadas municipales, a las aportaciones de los concellos y a otras subvenciones vinculadas a la prevención.
Además, afirman que numerosos concellos no disponen de convenios con Seaga para la gestión de las franjas de protección y denuncian que existen planes municipales de prevención que, según aseguran, no se aplican o presentan importantes deficiencias. También sostienen que no se tramitan de forma habitual expedientes sancionadores contra los propietarios que incumplen la obligación legal de limpiar las parcelas.
Por este motivo, reclaman una auditoría independiente sobre la eficacia de las brigadas municipales e insisten en la creación de un operativo de prevención y extinción de incendios totalmente público, centralizado y profesionalizado, dependiente de la Xunta de Galicia.
La coordinadora de IGV, Paula Verao, sostiene que “los concellos de la llamada Ribeira Sacra tienen que dejar de gastar millonadas en propaganda, festivales y ferias del vino y proteger a la gente, el paisaje y la economía tradicional, que es lo que permite tener vino y turismo. La disyuntiva es patrimonio real de la gente o decorado”. La entidad defiende que el servicio de prevención y extinción de incendios debería estar integrado íntegramente en la Xunta, sin participación de Seaga, concellos ni empresas privadas.