Espertamonforte acusa al Ayuntamiento de mirar hacia otro lado mientras el personal de limpieza de los colegios lleva meses sin cobrar
Espertamonforte denuncia que cinco trabajadoras encargadas de la limpieza de los colegios públicos A Gándara, Infanta Elena y Colexio Novo llevan meses sin percibir sus salarios y que algunas acumulan deudas de hasta 3.000 euros. El grupo municipal responsabiliza al gobierno local de no actuar a pesar de los avisos sobre las deficiencias del servicio y cuestiona la adjudicación del contrato a una empresa que ya había sido declarada insolvente en varias ocasiones.
El Ayuntamiento adjudicó en junio de 2025 la limpieza de los tres centros educativos a la empresa Dondore's Management, S. L., por un importe de 149.100 euros, IVA incluido, para dos años prorrogables. Según Espertamonforte, el Boletín Oficial del Registro Mercantil recogía ya seis declaraciones de insolvencia de la empresa durante 2024, antes de que se le concediese el contrato municipal.
El concejal Jaime Germán Vázquez Pérez denuncia la situación en la que se encuentran las trabajadoras, que continúan acudiendo a los centros cada mañana para limpiar aulas, baños, pasillos y comedores, a pesar de llevar meses sin cobrar y de no disponer, en ocasiones, de los productos necesarios para realizar su labor. «Estamos hablando de familias que llevan meses trabajando sin recibir su nómina, mientras las facturas, el alquiler o la hipoteca siguen llegando puntualmente. Cada mes que pasa sin cobrar es un mes más de incertidumbre», señala.
Desde la formación municipal sostienen que el Ayuntamiento recibió avisos reiterados durante el curso pasado por parte de las direcciones de los colegios, que alertaron tanto de las deficiencias en la limpieza como de la falta de material. «El gobierno municipal no puede decir ahora que no sabía nada. Los incumplimientos estaban encima de la mesa desde hace meses», afirma Vázquez, que cuestiona qué medidas adoptó el ejecutivo local ante estas comunicaciones.
La situación se hizo pública esta semana a través del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que calificó a la adjudicataria como una «empresa fantasma de Sevilla» y aseguró que su encargada no se presentó en los centros. El sindicato anunció una denuncia ante la Inspección de Trabajo y una demanda en el Juzgado de lo Social. Según CCOO, las direcciones de los colegios también habían trasladado sus quejas al alcalde y a la teniente de alcalde.
Espertamonforte considera especialmente grave que los antecedentes de la empresa pudiesen consultarse antes de la adjudicación. La formación señala que el BORME recoge hasta ocho declaraciones de insolvencia en procedimientos judiciales de ejecución entre mayo de 2024 y abril de 2026, seis de ellas correspondientes a 2024. El grupo también apunta a la existencia de testimonios de trabajadores de otras localidades que, desde 2022, denunciaron retrasos salariales, falta de material y dificultades para contactar con la dirección de la empresa.
«Cualquier vecino con cinco minutos y un teléfono móvil podía encontrar esta información. La pregunta es si el Ayuntamiento la buscó y, si la encontró, por qué adjudicó igualmente la limpieza de nuestros colegios», cuestiona Vázquez. El concejal reclama explicaciones sobre los criterios empleados para seleccionar a la empresa y sobre los mecanismos de control del contrato municipal.
La formación advierte, además, de que la falta de productos de limpieza en los centros escolares no es una cuestión menor, ya que puede afectar a la higiene de las aulas, los baños y los comedores utilizados a diario por el alumnado y el personal educativo. «Estamos hablando de colegios de infantil y primaria, y de un centro de educación especial. La limpieza no puede depender de que el personal se las arregle como pueda con el poco material que llega», añade Vázquez.
El grupo municipal relaciona este caso con la falta de canales estables de comunicación entre los centros educativos y el Ayuntamiento. Por eso, anuncia que presentará en el próximo pleno una moción para crear el Consejo Escolar Municipal, un órgano previsto por la legislación gallega que Monforte todavía no ha constituido. Según Espertamonforte, este mecanismo permitiría trasladar las necesidades y las quejas de los centros educativos a la corporación de manera regular.
La formación también llevará el caso al próximo pleno mediante una serie de preguntas dirigidas al gobierno local, con las que pretende obtener explicaciones sobre la adjudicación del contrato y la supervisión del servicio, así como defender los derechos de las personas afectadas. «No vamos a permitir que estas personas paguen los errores del Ayuntamiento. Si la empresa no cumple, quien la contrató tiene que dar la cara», concluye Vázquez.