Agroma Sober-IGV denuncia retrasos y fallos en la limpieza de fincas para prevenir incendios
El Concello de Sober está remitiendo desde agosto y septiembre cartas a propietarios de fincas para que gestionen la biomasa en las franjas de protección contra incendios. Según denuncia la agrupación Agroma Sober-IGV, estos avisos llegan varios meses después de la fecha límite fijada por la normativa, el 31 de mayo, y se envían de forma generalizada, sin que todas las parcelas señaladas presenten realmente una mala gestión.
La formación señala que algunas personas que mantienen sus terrenos correctamente desbrozados han recibido igualmente la notificación, incluyendo fincas situadas en el ámbito de la Aldea Modelo de Proendos que, aseguran, ya están completamente limpias. Al mismo tiempo, denuncian que existen parcelas a las que resulta imposible acceder debido al mal estado de los caminos públicos, una competencia que corresponde al propio ayuntamiento. En contraste, apuntan que hay zonas donde la maleza lleva años afectando a viviendas sin que se haya intervenido, pese a las quejas vecinales.
Para el grupo, este tipo de comunicaciones no resuelve un problema que consideran de carácter estructural. Recuerdan que, tras los graves incendios de finales del verano de 2025, que afectaron severamente a Sober, se anunció en el Parlamento de Galicia la recuperación de la competencia autonómica sobre la ordenación y limpieza de las franjas secundarias de protección en los concellos de menos de 10.000 habitantes, como es el caso de Sober. Sin embargo, según denuncian, ese compromiso no se ha materializado, y en su lugar se puso en marcha un convenio de limpieza de franjas con la empresa pública SEAGA, limitado a las parroquias catalogadas de alto riesgo de incendio.
Este convenio, recuerdan, ya fue criticado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) por no contar con medios suficientes para atender a los ayuntamientos. Según los datos que manejan, a mediados de junio de 2026 apenas se había actuado en algo más del 25 % de las parroquias gallegas priorizadas por su alto riesgo de incendio. En el caso concreto de Sober, el convenio con SEAGA solo cubre dos parroquias, Doade y Anllo-San Martiño.
El grupo subraya que, aunque la competencia recae formalmente en los concellos, los de menor tamaño carecen de medios para asumirla, y consideran que el convenio con SEAGA resulta insuficiente, lento y administrativamente complejo. Además, recuerdan que muchas fincas se encuentran en la práctica abandonadas, con múltiples propietarios herederos, o pertenecen a personas de edad avanzada que no pueden contratar el servicio de limpieza en los plazos exigidos.
A ello se suma que este verano el Concello de Sober no dispuso de brigada forestal propia, tras no lograr cubrir la plaza de jefe de brigada. La convocatoria para cuatro puestos se publicó el 16 de junio, pero no se encontró ningún candidato que cumpliera los requisitos, ni a través de la oficina pública de empleo ni mediante los anuncios municipales, por lo que el 7 de julio se renunció a poner en marcha la brigada. La agrupación relaciona esta dificultad con las condiciones laborales ofrecidas: un contrato temporal de tres meses para un puesto de alta responsabilidad.
Desde Agroma Sober-IGV también lamentan que, un año después del incendio que se inició en Pombeiro en septiembre de 2025, el Concello no haya convocado una reunión amplia para evaluar la situación, pese a la preocupación vecinal y a la existencia de iniciativas ciudadanas activas en las parroquias afectadas.
Ante este panorama, el grupo plantea la creación de una Comisión Municipal de Prevención de Incendios, con una reunión anual antes de la temporada de riesgo, en la que participen las Comunidades de Montes Veciñais en Man Común y otros agentes del territorio, como asociaciones vecinales y empresas del sector forestal, para mantener actualizado el plan municipal de prevención. Piden además mayor agilidad en el mantenimiento de infraestructuras, caminos y líneas eléctricas.
Con motivo de todo ello, la formación ha registrado para el pleno de septiembre una interpelación al gobierno local con una serie de preguntas: el grado de cumplimiento en la gestión de la biomasa en las franjas de protección, el número de notificaciones enviadas este año en comparación con años anteriores, el estado de los caminos públicos, el detalle de los trabajos de reparación tras los incendios de 2025, si se solicitará a la Xunta un cambio en el modelo de brigadas forestales, si se impulsará la participación vecinal en la política de prevención, y si existe algún trámite iniciado en relación con el plan forestal de la Ribeira Sacra.