La Diputación hizo pública una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI
La Junta de Portavoces de la Diputación sacó adelante este jueves una Declaración Institucional reafirmando su compromiso con los derechos del colectivo LGTBI con motivo del Día Internacional del Orgullo que se conmemora cada 28 de junio. Un texto que denuncia la persistencia de la discriminación y la violencia y llama a reforzar las políticas públicas de igualdad, protección, educación y convivencia inclusiva.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha de alcance mundial que celebra la diversidad y recuerda la importancia de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de su orientación sexual. Esta fecha se ha consolidado como una oportunidad para reflexionar, reconocer los avances logrados y seguir construyendo una sociedad donde la dignidad, la libertad y la igualdad plena sea una realidad para todos.
En este 2026, desde la Diputación Provincial de Lugo, queremos reiterar nuestro firme compromiso con los valores democráticos de igualdad, respeto, libertad y dignidad. Reivindicamos el papel de los gobiernos locales en la promoción de entornos seguros, inclusivos y respetuosos, en los que la diversidad sea comprendida como un valor compartido que enriquece la vida en comunidad.
Es fundamental reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las entidades LGTBI como agentes de transformación social garantizando su participación activa en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, consideramos esencial que las instituciones actúen con determinación frente a los discursos que promuevan la intolerancia, estableciendo mecanismos eficaces para prevenir y abordar posibles situaciones de discriminación.
Nuestro país ha logrado avances para el conjunto de muchas personas, organizaciones e instituciones, pero también reconocemos que aún persisten situaciones de desigualdad, violencia y rechazo que deben ser erradicadas con decisión y responsabilidad institucional, abordando -de forma integral- la realidad específica de las personas LGTBI, que además son racializadas, migrantes, con diversidad funcional o en situación de pobreza dado que ellas experimentan formas específicas y agravadas de discriminación. En este sentido, es importante promover políticas que atiendan estas circunstancias particulares con medidas de protección efectivas y proporcionales, siempre desde una perspectiva centrada en los derechos humanos y en la cohesión social.
Según datos recientes, aproximadamente la mitad de las víctimas LGTBI de agresiones físicas, sexuales o verbales registradas no denuncian estos incidentes debido principalmente al miedo o a la falta de confianza en los procedimientos institucionales. Desde las entidades locales reiteramos nuestro compromiso para generar entornos de confianza, prevenir estas violencias y mejorar la respuesta institucional frente a cualquier manifestación de odio o discriminación.
Tampoco podemos obviar que, en el contexto internacional, asistimos con preocupación a retrocesos en materia de derechos humanos que afectan directamente al colectivo LGTBI. Los discursos de odio, la reversión de avances legales y la persecución institucional en algunos países ponen en riesgo principios fundamentales que deben ser preservados por la comunidad internacional.
Por todo ello, desde la Diputación Provincial de Lugo expresamos nuestro apoyo a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo y subrayamos la importancia de la educación, crear protocolos de atención a las víctimas, y apostar por la sensibilización y el diálogo como herramientas fundamentales para fortalecer la cohesión social y la tolerancia.
Invitamos a todos los gobiernos locales a sumarse a esta declaración y a continuar desarrollando iniciativas que refuercen la inclusión y el reconocimiento de todas las personas, con especial atención a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Porque la dignidad y la igualdad no deben ser un eslogan, sino principios reales, sostenidos desde el trabajo conjunto, la responsabilidad democrática y el respeto a la libertad de todas las personas.