El PP denuncia nuevas tarifas por obras hidráulicas en Baralla y Folgoso do Courel
El Partido Popular denunció que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil está reclamando a los ayuntamientos de Baralla y Folgoso do Courel nuevas cantidades económicas vinculadas a actuaciones hidráulicas ejecutadas años atrás. La formación sostiene que estos pagos no estaban recogidos en los convenios firmados en su momento entre el organismo de cuenca y los municipios.
La diputada Cristina Abades y el senador José Manuel Balseiro mantuvieron una reunión con los alcaldes de ambos ayuntamientos para analizar las liquidaciones y abordar posibles actuaciones para defender los intereses municipales. Los representantes populares consideran "especialmente grave" que las condiciones económicas cambien una vez finalizados los proyectos.
En el caso de Baralla, según explica el PP, la Confederación Hidrográfica reclama en 2026 cerca de 4.700 euros en concepto de Tarifa por la Utilización del Agua por las obras de construcción de un azud desmontable en el río Neira. El convenio fue firmado en 2020 y establecía que el organismo de cuenca asumiría el 80% de la inversión y el Ayuntamiento el 20% restante, una parte que, según los populares, ya fue liquidada. La formación asegura que el acuerdo no recogía la obligación de afrontar posteriormente esta nueva tarifa.
Una situación similar, según el PP, se produce en Folgoso do Courel por las obras de saneamiento del núcleo de Sobredo. El proyecto fue financiado íntegramente por la Confederación al amparo de un convenio de 2018, pero para este año se aprobó una cuantía próxima a los 4.500 euros por la Tarifa por la Utilización del Agua.
El Ayuntamiento de Folgoso do Courel presentó alegaciones contra este cobro y sostiene que, de conocer previamente la existencia de esta obligación económica, no habría firmado el convenio ni ejecutado la actuación. El PP critica, además, que la tarifa se pretenda aplicar periódicamente durante 25 años.
Abades y Balseiro advierten de que estas liquidaciones pueden reducir los recursos municipales disponibles para financiar servicios e inversiones. "El Gobierno no puede acordar unas obras con unas condiciones y, cuando ya están hechas, inventar una nueva factura y obligar a los ayuntamientos a pagarla", sostienen.
La formación trasladó también el asunto al Congreso de los Diputados y al Senado para solicitar información sobre el alcance de estos cobros en la provincia. Entre otras cuestiones, el PP quiere conocer cuántos convenios pueden verse afectados, las cantidades reclamadas o previstas, el porcentaje de las inversiones que se pretende repercutir a los municipios y el sistema empleado para calcular las tarifas.
Los populares reclaman igualmente que el Gobierno aclare si los convenios advertían expresamente a los ayuntamientos de la existencia de estos futuros pagos. "Queremos saber cuánto pretende cobrar el Gobierno, a qué ayuntamientos, por qué obras y con qué fundamento", concluyen Abades y Balseiro.