El PP afirma que el Gobierno pretende «hacer caja» a través del «tarifazo» de la Confederación Hidrográfica
El Partido Popular denuncia que el Gobierno de España pretende cargar ahora sobre los ayuntamientos de la provincia de Lugo una nueva factura por actuaciones hidráulicas de saneamiento y abastecimiento ejecutadas al amparo de convenios en los que, según advierten, no estaba prevista esta obligación económica.
La diputada popular Cristina Abades y el senador José Manuel Balseiro consideran «especialmente grave» que los municipios aceptasen y ejecutasen estas actuaciones bajo unas condiciones económicas determinadas y que, años después, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil pretenda imponerles un tarifazo que nunca figuró en los convenios firmados.
«El Gobierno no puede acordar unas obras con unas condiciones y, cuando ya están hechas, inventar una nueva factura y obligar a los ayuntamientos a pagarla. Eso no es cooperación institucional: es hacer caja a costa de los municipios», denuncian los populares.
Desde el PP censuran que actuaciones destinadas a mejorar servicios públicos esenciales como el abastecimiento y el saneamiento estén siendo utilizadas por el Gobierno como un mecanismo recaudador. «Las Confederaciones Hidrográficas están para colaborar con los ayuntamientos y solucionar problemas, no para convertir los municipios en una fuente de ingresos ni para reclamarles años después cantidades que nunca estuvieron sobre la mesa».
Abades y Balseiro advierten, además, de que estas liquidaciones pueden detraer recursos de las arcas municipales que deberían destinarse a servicios, inversiones y necesidades de los vecinos. «Cada euro que el Gobierno quiera sacar ahora a los Ayuntamientos mediante este tarifazo es un euro que deja de estar disponible para los ciudadanos».
Para analizar la situación con los municipios directamente afectados, Cristina Abades y José Manuel Balseiro mantuvieron una reunión con los alcaldes de Baralla y Folgoso do Courel, en la que abordaron las liquidaciones reclamadas por la Confederación Hidrográfica y las actuaciones que se impulsarán para defender los intereses municipales.
Paralelamente, el PP llevó este asunto al Senado y al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que aclare cuántos convenios están afectados en la provincia de Lugo, qué cantidades ya reclamó o prevé reclamar, qué porcentaje de las inversiones pretende repercutir sobre cada municipio, cómo calcula esas exacciones y, especialmente, si los convenios firmados advertían expresamente a los Ayuntamientos de que tendrían que asumir posteriormente estos pagos.
«Queremos saber cuánto pretende cobrar el Gobierno, a qué Ayuntamientos, por qué obras y con qué fundamento. Lo que no vamos a aceptar es que se cambien las condiciones una vez ejecutadas las actuaciones y que se pretenda hacer negocio con los ayuntamientos mediante una factura que nunca pactaron», concluyen Abades y Balseiro.
La Confederación Hidrográfica pasa una liquidación al Ayuntamiento de Baralla en este año 2026 de cerca de 4.700 euros en concepto de Tarifa por la Utilización del Agua por las obras hidráulicas del proyecto de construcción de un azud desmontable en el río Neira. El convenio entre ambas administraciones fue firmado en el año 2020 y recogía que la Confederación financiaría el 80% de las actuaciones y el Ayuntamiento, el 20% restante, que fue liquidado hace tiempo. En aquel momento no incluía ninguna obligación de pagar esta tasa.
En Folgoso do Courel, la Confederación Hidrográfica pretende aplicar al Ayuntamiento la Tarifa por la Utilización del Agua a las obras de saneamiento del núcleo de Sobredo financiadas al 100% por el organismo de cuenca, pese a que ni cuando se firmó el convenio —en el año 2018— ni cuando se ejecutaron las obras estaba prevista esa carga económica.
El propio Ayuntamiento alegó contra esta imposición indicando que, de haberse conocido entonces esta obligación, el convenio no se habría firmado ni las obras se habrían ejecutado, y denuncia que ahora se pretenda imponer una tarifa periódica durante 25 años sobre una actuación ya realizada. Para 2026, el Gobierno ya aprobó una cuantía de cerca de 4.500 euros en relación con esta obra.