Por Chantada logró el apoyo unánime del pleno en su petición de garantizar pensiones dignas en el interior gallego
La candidatura vecinal Por Chantada – Interior Galego Vivo defendió en la sesión ordinaria del pleno celebrada el pasado 5 de diciembre una moción sobre las pensiones que recibió el apoyo unánime de la Corporación del Ayuntamiento de Chantada.
En concreto, los 12 concejales asistentes (la totalidad salvo uno del PSOE) acordaron, en primer lugar, que “el Ayuntamiento de Chantada se compromete con la dignidad de las personas pensionistas y apoya que, por ley, se establezca que la pensión contributiva mínima sea igual al salario mínimo interprofesional (SMI)”, y que “manifiesta su adhesión a la campaña por el blindaje de las pensiones en la Constitución Española, mediante la prohibición expresa de la privatización del Sistema Público de Pensiones y de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, blindándolas como una prestación social fundamental”.
Por último, la moción presentada insta a “trasladar al Congreso y al Senado del Reino de España los acuerdos adoptados para que legislen y, por ley, se establezca que la pensión mínima sea, como mínimo, igual al SMI, aplicando a tal efecto revalorizaciones anuales progresivas hasta 2030. En todo caso, y con carácter inmediato, ninguna pensión contributiva en el mundo rural debería quedar por debajo de los 1.000 euros”.
El relator de la moción y portavoz de Por Chantada – Interior Galego Vivo, Antom Fente, recordó durante su defensa que “PP y PSOE reformaron en 2011 el artículo 135 de la Constitución española sin referéndum para imponer el dictamen de Bruselas, es decir, la estabilidad presupuestaria y entregar la soberanía económica. En otras palabras, para lo que interesa a la UE se reforma sin pudor, mientras que para lo fundamental, como las pensiones, se ponen excusas de todo tipo”.
Asimismo, explicó que lo fundamental para el sistema de pensiones es “la solidaridad intergeneracional, es decir, la calidad del trabajo, para lo cual es necesario que exista empleo y salarios altos”. En este sentido, Fente destacó que “el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’, vuelve a incrementarse situándose hoy en 5.578 millones de euros por el récord de cotizaciones. Sin embargo, es muy poco en comparación con lo que podría ser, pues fue saqueado por Mariano Rajoy, ya que durante su gobierno (2012-2017) pasó de 66.815 millones de euros a solo 8.095 millones, sin olvidar los 5.000 millones retirados por Pedro Sánchez (2018-2019)”.
Las provincias de Ourense y Lugo, las más castigadas de Galicia
Desde Por Chantada – Interior Galego Vivo señalan que Galicia cuenta con una alta proporción de pensionistas en su población, pues, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), casi en un tercio de los hogares gallegos los únicos ingresos provienen de prestaciones públicas, “por lo que el nivel de bienestar y calidad de vida de muchas familias depende de una pensión”. Además, destacan que “hay varios municipios en nuestra comarca donde las prestaciones públicas son el principal ingreso de la población por encima de los salarios debido al elevado envejecimiento y la emigración de la juventud”.
Según la Encuesta Estructural a Hogares del IGE, en las provincias de Lugo y Ourense un alto porcentaje de las rentas de los hogares provienen de prestaciones: el 37,69% y el 43,04%, respectivamente.
“Las pensiones dignas son un elemento central de la protección social y un derecho conquistado por la clase trabajadora, pero son objeto de codicia por parte del sector privado”, recuerdan desde la candidatura vecinal. La crisis de 2008 y las políticas de “austeridad” posteriores impusieron como directriz reducir el gasto público, abriendo espacio para la expansión del sector privado, que ya en la década de los noventa era codiciado por el Banco Mundial y las instituciones del Consenso de Washington junto con la salud, el agua y la sanidad. “El avance de la agenda ultraliberal, ahora en su versión más radical de la mano de la extrema derecha, pone en peligro avances sociales de décadas y también las pensiones: el aumento de la edad de jubilación y la expansión del negocio de los planes privados de pensiones son una constante en la OCDE”.
Asimismo, recuerdan que las pensiones gallegas están entre las más bajas de todo el Estado: en 2024, la media de las pensiones es de 1.250,71 euros al mes a nivel general, mientras que en Galicia es de 1.070,48 euros, un 14,5% inferior. Esto se agrava en las provincias de Lugo y Ourense, que tienen las pensiones más bajas del país, algo especialmente dramático en las pensiones de viudedad, por debajo de 700 €, lo que no ocurre en ninguna otra provincia.
En Ourense y Lugo, según datos del INSS, las pensiones no superaron los 1.000 euros de media hasta este año 2024, y solo ahora las pensiones de jubilación han superado ligeramente esa cifra, aunque siguen siendo las más bajas. Esto es “especialmente grave en un contexto de encarecimiento general de alimentos, energía y vivienda tras la pandemia de COVID-19, con una clara brecha de género y territorial, afectando sobre todo a quienes trabajaron la tierra y mantuvieron el territorio y el paisaje”.
La situación de las mujeres pensionistas es aún más dura, denuncian. La diferencia de pensiones en Galicia entre hombres y mujeres es del 25% (según datos del Ministerio de Hacienda en 2022), lo que supone 4.546 euros menos al año para las mujeres en comparación con los hombres.
“El último informe de la Red Europea contra la Pobreza en España para 2024 confirma que las pensionistas gallegas son las que sufren mayor riesgo de pobreza: el 48,4% están por debajo del umbral de pobreza, liderando esta clasificación a nivel estatal”, insisten.
Entre la población mayor de 65 años hay una tendencia al aumento del riesgo de pobreza y exclusión social en los últimos años, especialmente en áreas rurales, donde los niveles de desigualdad y pobreza son más altos que en las zonas urbanas.
Desde Por Chantada – Interior Galego Vivo subrayan que mejorar la cuantía de las pensiones en el interior gallego no solo beneficia a la mayoría de la población que las recibe, sino que también favorece al conjunto de la economía local debido a su peso en las rentas de los municipios. Por ello, esperan que la moción aprobada en Chantada sirva como modelo para otros ayuntamientos y tenga resonancia en el Congreso y el Senado, donde consideran que deberían importar más los problemas reales de la ciudadanía y menos los intereses de la banca y las multinacionales.