Por Chantada denuncia el incremento de la presión fiscal en el rural
Por Chantada – IGV alerta de un nuevo episodio de Castratazo, despues de que el Concello, mediante un decreto firmado por el alcalde el pasado 4 de marzo (decreto 190/2025), haya contratado a la empresa Cartografía e Medicións S.L. para revisar “todas las licencias y comunicaciones previas de los últimos cinco años (2020-2025), así como otros expedientes”, lo que consideran que conllevará una nueva oleada de subidas del IBI en el entorno rural.
Según Por Chantada, en las últimas legislaturas ya se había producido un “notable incremento de la presión fiscal e de los impuestos con especial incidencia en el medio rural (IBI, Catastro, basura...)”, mientras que los servicios e infraestructuras “distan años luz de la media europea”.
Desde la plataforma advierten que la situación podría empeorar y que este nuevo Catastrazo penalizaría otra vez al rural chantadino. En este sentido, recuerdan que ya en la pasada legislatura y la anterior, el llamado Catastrazo permitió al gobierno municipal del Partido Popular recaudar más de 600.000 euros anuales, una cifra a la que habría que sumar las cantidades cobradas con carácter retroactivo. “Unos ingresos que vinieron marcados por la reforma del ministro Montoro durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que fueron decisivos para hacer frente al plan de ajuste y a la deuda de un Concello que estaba técnicamente quebrado”.
El grupo municipal denuncia que los últimos trabajos catastrales ya realizados afectaron, sobre todo, a núcleos rurales, donde “fincas de patatas o al barbero pasan a ser consideradas solares”, con lo que se aplica el IBI urbano en lugar del rural, lo que multiplica la carga fiscal para la vecindad de las aldeas. “Fueron muchas las personas que se acercaron al Concello sin encontrar soluciones ni explicaciones claras”, señalan.
Por Chantada critica duramente que mientras “se bonifican impuestos en el Casco antiguo” no haya apoyo fiscal “para las granjas o la vecindad que apuesta por la aldea”. Una política que, en su opinión, contribuye al despoblamiento de las parroquias, la degradación del parque de vivienda vacía y la percepción de abandono institucional en el rural.