La Diputación reclama a la Xunta la financiación de sus residencias
La Diputación de Lugo reclámale a la Xunta de Galicia que asuma las competencias a las que está obligada por Ley y que “le pague el que le debe a los vecinos y vecinas de la provincia” en materia de residencias. Este es el contenido del acuerdo que sacó adelante en el Pleno ordinario de este martes el Gobierno provincial, que aprobó abrir un proceso de negociación con la Xunta de Galicia para que asuma tanto la financiación de los Centros de Atención a Mayores de la institución, como su inclusión en la red pública de residencias autonómicas. La propuesta recoge también reclamar al Gobierno gallego que modifique su modelo macro residencial para fortalecer y consolidar una red gallega de residencias públicas de pequeño tamaño que garantice la permanencia de los mayores en su entorno, mejorando la atención y generando empleo de calidad que contribuya a fijar población en el rural.
Por su parte, el PP se negó, una vez más, la que la Junta asuma su deber legal, recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley de Servicios Sociales, de contribuir a la financiación de los servicios de atención a las personas mayores en la provincia.
El Diputado de Promoción Económica y Social, Pablo Rivera Capón, recalcó que, por Ley, la Xunta debe “contribuir la esa gran labor de la que estamos muy orgullos en la Diputación” porque hasta ahora “no aportou nada, ni para la construcción, ni para la financiación de los centros de atención a mayores provinciales”. “Tratar de justificar que la Xunta colabora con las libranzas vinculadas es, o no tener ni idea, o ser hipócrita, porque estas son un derecho de los usuarios y usuarias, que la Xunta les tiene que dar porque no tiene plazas públicas de residencia suficientes”.
En este sentido, Pablo Rivera subrayó que, según cifras oficiales del Imserso, Galicia está a la cola de las comunidades autónomas de toda España en plazas públicas en residencias, con tan sólo el 41%, mientras que la media estatal es del 62%, y que existe un déficit de 14.902 plazas residenciales en Galicia para alcanzar la razón de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años, según un informe de la Asociación Estatal de Directivos y Gerentes de los Servicios Sociales.
El Diputado de Promoción Económica y Social aseguró que la pandemia puso de manifiesto el fracaso de este modelo privatizador de la Xunta, admitido por el propio Gobierno gallego al anunciar su intención de diseñar un nuevo modelo de residencias.
Pablo Rivera argumentó que la Diputación de Lugo dedica 30 millones de euros –aproximadamente un 33% de su presupuesto- a políticas sociales, mientras la Xunta solo destina la este fin un 8% de su presupuesto global. “Llevamos años supliendo la inacción de la Xunta de Galicia y haciendo un esfuerzo para acercar servicios sociales públicos universales y de calidad al vecindario, sobre todo en el rural”, explicó el Diputado.
Asimismo, Rivera Capón recordó que, como ya hizo el Presidente de la Diputación, José Tomé Roca, en diversas ocasiones, una de ellas en el seno del Parlamento de Galicia, la Diputación ofrece a la Xunta su modelo de residencias: público, de cercanías, con centros de pequeño tamaño, con entre 25 y 40 plazas de media, con casi un cuidador por persona y que crea empleo sostenible y fija población en el rural. “Somos un buen espejo en el que mirarse”, aseguró Rivera Capón.
Pacto y Fondo de Cooperación Local
En el Pleno, el PSdeG sacó adelante con el apoyo del BNG y los votos en contra del PP, una moción para que la Xunta respete el Pacto Local, así como todos los acuerdos firmados con la Fegamp y las entidades locales, y que elabore una Ley autonómica de participación de las entidades locales en los ingresos de las comunidades autónomas y que, mientras no aprueba esta norma, incremente la cuantía del Fondo de Cooperación Local, que no subió desde que gobierna Alberto Núñez Feijóo.
Asimismo, en base la esta moción, la Diputación exigirá que suprima el actual sistema de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva que favorece a los ayuntamientos del color político afín al Gobierno de la Xunta y que adopte un sistema de reparto de fondos con criterios objetivos de población, dispersión o extensión de los ayuntamientos, semejantes a los del Plan Único la Diputación de Lugo.
El Diputado de Cooperación y Asistencia a los Ayuntamientos, Xosé María Arias, denunció que las políticas desarrolladas por el PP desde su llegada al gobierno de la Xunta “tense caracterizado por el desprecio de las administraciones locales” y que en estos años “viene incumpliendo de una manera sistemática los acuerdos incluidos en el Pacto Local, desatendiendo las peticiones de la Fegamp, ignorando las necesidades de las haciendas locales, y sobrecargando a los ayuntamientos con servicios públicos que son competencia de la Xunta”.
Arias denunció además que la Xunta de Galicia redujo en este 2021 un 6,4% las transferencias directas a los ayuntamientos, además de “regirse por criterios discrecionais, sin transparencia o planificación; solo por el criterio de amiguismo político”. En este sentido, el Diputado puso el ejemplo de las ayudas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda para infraestructuras y mejoras en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que se adjudican por el orden de presentación de las solicitudes en el registro electrónico. Un criterio que segundo apuntó Arias, “roza la ilegalidad”. “Como es posible que una convocatoria se abra a las 00.00 h y que poco a poco minutos ya se acaben los fondos. Como es posible que, si no se conocen antes los requisitos de la orden de ayudas, se puedan elaborar y presentar proyectos @en cuestión de minutos? Esta es la democracia del PP”, aseguró.
AUTOVÍAS
El BNG logró el acuerdo de la corporación provincial para rechazar la imposición de peajes en las autovías estatales, recogida entre las medidas que el gobierno central trasladó a la Comisión Europea para liberar fondos para el Estado español y que el Partido Popular puso ya sobre la mesa en el 2018.
El portavoz provincial expresó la “rotunda oposición” del BNG a los peajes directos, que “perjudican las clases populares, las personas trabajadoras”. “Es un despropósito con el que pretenden que solo puedan usar las vías de alta capacidad los que tienen más recursos. Los servicios hay que pagarlos con impuestos, en eso estamos de acuerdo, pero los impuestos que son justos son los que se pagan en relación a lo que gana cada uno”, argumentó Efrén Castro.
El diputado nacionalista, que afeó la diferencia de criterio que socialistas y populares mantienen en las diferentes instituciones, también fue suficiente en el impacto de la medida sobre la “Galicia y especialmente sobre la provincia de Lugo, vertebrada por vías estatales y sin transporte público alternativo por la falta de servicios ferroviarios que respondan a las necesidades de desplazamiento del vecindario”
Tras lo debate de la moción, PSdG y PPdG votaron a favor de la iniciativa promovida por los nacionalistas que propone trasladar al gobierno del Estado y al Ministerio de Transportes a oposición rotunda de la Diputación de Lugo a la imposición y peajes
El BNG hizo valer así en el Pleno provincial el posicionamiento contra los peajes que ven manteniendo en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados, y que trasladará también a los ayuntamientos.
INTERNET PARA EL RURAL
El BNG también reclamó a la Xunta de Galicia un plan de digitalización de la Galicia rural que garantice una cobertura de TDT, de conexión móvil y de conexión a internet con banda ancha que permita la particulares y empresas desarrollar su actividad.
La moción, que saiu adelante con los votos del PSdG, insta al gobierno de Feijóo a destinar parte de los fondos europeos a dar este ánimo a digitalización en el rural y a negociar con el gobierno del Estado para que en el segundo pilar de la nueva PAC 2023-2027 se reconozca un hueco presupuestario par dotar a la Galicia rural del acceso a la internet en igualdad de condiciones que en entornos urbanos.
La este respeto, Efrén Castro recordó que “se la situación es mala en toda Galicia, donde más zonas de sombra y sin cobertura tenemos es en la provincia de Lugo”. El portavoz nacionalista también señaló la discriminación del rural en el que tiene que ver con los precios de los servicios, debido la posición de monopolio de Movistar.