IGV denuncia la precariedad de las pensiones en el rural gallego
En los últimos meses, varios municipios gallegos aprobaron mociones para poner el foco sobre la precariedad de las pensiones, especialmente en las provincias de Lugo y Ourense. Estas iniciativas, promovidas por Interior Galego Vivo (IGV), fueron aprobadas por unanimidad —con mínimas variaciones— en los plenos de Sober (noviembre de 2024), Chantada (diciembre de 2024), Vilardevós (diciembre de 2024) y Laza (enero de 2025). Sin embargo, en Monforte de Lemos, la moción fue rechazada con los votos en contra del PSOE, mientras que el PP optó por la abstención.
IGV denuncia que las provincias de Lugo y Ourense tienen las pensiones más bajas de todo el Estado, una situación agravada en el caso de las pensiones de viudedad, que apenas superan los 700 euros mensuales. En 2024, la pensión media en Galicia fue de 1.070,48 euros, un 14,5% inferior a la media estatal de 1.250,71 euros. Además, casi un tercio de los hogares gallegos depende exclusivamente de prestaciones públicas como fuente de ingresos, según datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE). Esta situación es especialmente alarmante en zonas rurales, donde el envejecimiento de la población y la emigración de la juventud hacen que las pensiones tengan un peso económico superior al de los salarios.
La precariedad de las pensiones no afecta únicamente a las personas mayores, sino que tiene consecuencias directas en la economía y el bienestar de las familias gallegas, explican. Según la Encuesta Estructural a Hogares del IGE, el 37,69% de las rentas familiares en la provincia de Lugo y el 43,04% en la de Ourense proceden de prestaciones públicas. Esto, insisten, significa que mejorar la cuantía de las pensiones beneficiaría no solo a las personas receptoras, sino al conjunto de la economía local.
En un contexto marcado por el encarecimiento de los alimentos, la energía y la vivienda tras la pandemia de la COVID-19, la situación de las pensiones gallegas se agrava aún más, señalan.. Además, persisten brechas de género y territoriales, siendo especialmente vulnerables las mujeres mayores que trabajaron en el sector agrario y que, en muchos casos, sufren un mayor riesgo de pobreza. De hecho, apuntan, el último informe de la Red Europea contra la Pobreza en España para 2024 señala que el 48,4% de las pensionistas gallegas viven por debajo del umbral de la pobreza, liderando esta clasificación a nivel estatal.
IGV agradeció el apoyo de los representantes políticos que respaldaron estas mociones en los distintos municipios y criticó duramente la actitud de algunos grandes partidos. En particular, señaló la "hipocresía" del PP, que en el Congreso votó en contra del Decreto que incluía la subida de las pensiones sin justificar los motivos de su oposición. También cuestionó el comportamiento del PSOE de Monforte, que rechazó la moción a pesar de haberla apoyado en otros municipios, insinuando que el equipo de gobierno liderado por José Tomé podría estar más preocupado por desactivar iniciativas procedentes de la oposición que por resolver los problemas reales de la ciudadanía.
Desde IGV insisten en que las pensiones dignas son un derecho conquistado por la clase trabajadora y que deben ser protegidas frente a la "codicia del sector privado". El aumento de la edad de jubilación y la promoción de los planes de pensiones privados son tendencias preocupantes, propias de un contexto en el que, según IGV, los intereses de las grandes corporaciones parecen pesar más que el bienestar de la población.
Defienden que las personas mayores del interior gallego, tras una vida de duro trabajo, merecen pensiones que les permitan vivir con dignidad. Por eso, dicen, mejorar estas prestaciones no solo es una cuestión de justicia social, sino también un motor de dinamización económica para unas comarcas que dependen en gran medida de las rentas de las personas pensionistas. Interior Galego Vivo llama a la "coherencia y al compromiso de los partidos para priorizar el bienestar de la mayoría social frente a cualquier otro interés".