IGV demanda soluciones ante la “deterioración estructural” del sector vitícola en la Ribeira Sacra
La plataforma ciudadana Interior Galego Vivo (IGV) alerta del “deterioro estructural” del sector vitícola en la Ribeira Sacra, una crisis que, dicen, “lleva años agravándose”.
Desde IGV recuerdan que llevan tiempo denunciando la situación en los plenos de Chantada, Monforte y Sober, así como apoyando iniciativas de los sindicatos agrarios, que también alertan de esta crisis. Sin embargo, “A semanas de la vendimia seguimos sin respuestas ni soluciones por parte de la Consellería de Medio Rural, aunque la conselleira se deje caer por cada fiesta y feria del vino que haya, en cuanto el fuego con inclemencia carboniza Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, Riós o Vilardevós”.
Se trata, dicen, de una “crisis estructural de modelo” que, según ellos, “debería obligar también al Consejo Regulador a pronunciarse con contundencia, pues da la sensación de que los pequeños y pequeñas viticultores no tienen voz y lo único que trasciende al público son los anuncios propagandísticos de la Xunta”.
Ya a finales de 2023 y comenzando 2024, IGV alertaba de una “crisis de excedentes de uva” que añade presión al sector, ante la incapacidad de las bodegas para recoger toda la producción y la escasa presencia de la nueva generación de viticultores”, advierten.
Además, dicen que “las supuestas ayudas no llegaron a la base de productores, o apenas unos cientos de euros”, algo que consideran “anecdótico”.
Según estimaciones de los sindicatos agrarios, explican desde IGV, entre 1,3 y 2 millones de kilos de uva podrían quedar sin recoger esta vendimia, “cuando faltan semanas para su inicio” y advierten que “una segunda campaña consecutiva sin recogida puede resultar mortal para la DO”.
Por eso, entienden que el sector “demanda una respuesta inmediata y estructural”. Así, piden que se elabore un estudio de costes del kilo de uva, con atención a cada subzona de la Ribeira Sacra, “para evitar que se continúe incumpliendo flagrantemente la Ley de la Cadena Alimentaria”, así como un “compromiso público de recogida de uva por parte de las bodegas, con precios justos y garantía de reconocimiento de su productividad”, establecer incentivos directos al viñedo en bancales o adaptar la PAC para priorizar el cultivo en ladera y aplicarlo al viñedo. Además, proponen un plan de relevo generacional impulsando la incorporación de personas jóvenes al cultivo de la vid, promover la diferenciación por subzonas y simplificar la burocracia para viticultores, y desarrollar líneas de ayuda “que no excluyan en la práctica, por los requisitos y la burocracia, a las personas viticultoras”.