El PSdeG pide a la Diputación de Ourense que tome partido en defensa de los concellos ante la Ley de Administración Local
El Grupo Provincial Socialista acaba de presentar una moción que será debatida en el próximo pleno en la que piden a la institución provincial una “posición común en defensa de la viabilidad de los ayuntamientos ante la Ley de Administración Local de Galicia”.
Los socialistas lamentan “el déficit estructural del municipalismo ourensano” y recuerdan que el Fondo de Cooperación Local permanece congelado desde el año 2010 en 112,9 millones de euros, sin actualización pese a un incremento acumulado del IPC superior al 33,7%. En este sentido, explican, la FEGAMP estima el coste de las competencias impropias entre 600 y 700 millones de euros anuales para el conjunto del municipalismo gallego. Para el portavoz socialista, Álvaro Vila, “esta ley es la oportunidad histórica de corregir ese desequilibrio estructural que tiene Ourense al límite”.
Desde el PSdeG explican que el Consello de Contas advirtió que 36 de los 92 ayuntamientos de la provincia presentan riesgos reales para su viabilidad económica y recuerdan que la Diputación reconoció en sus alegaciones la insuficiencia del Fondo y el problema de las competencias impropias, por lo que reclamó a la Xunta más recursos. Sin embargo, señalan, la institución provincial propuso, al mismo tiempo, reducir del 20% al 10% la obligación de destinar fondos propios a la cooperación municipal. Una situación que, critican, “no es defensa del municipalismo” sino “mera retórica”, al pedirle al propio ente “que la propia Diputación destine la mitad del mínimo que prevé la ley” mientras solicita al Gobierno autonómico más recursos.
La moción presentada defiende el umbral mínimo del 20% de fondos propios de la Diputación para cooperación municipal y reclama a la Xunta la financiación del 100% del coste real de las competencias que la norma atribuya a las entidades locales.
“Los ayuntamientos no pueden seguir asumiendo servicios autonómicos con sus propios recursos mientras el Fondo de Cooperación permanece congelado desde hace quince años”, señala Vila, que explica que la iniciativa aspira a acabar con el mecanismo por el cual los municipios sufragan competencias autonómicas para que la nueva ley represente “un avance real”.
El anteproyecto, explican, habilita a la Xunta para decretar fusiones municipales obligatorias sin exigir referéndum previo ni aprobación por ley del Parlamento. Por su parte, la FEGAMP, que representa a los 313 ayuntamientos y a las 4 diputaciones gallegas, pidió la supresión o modificación sustancial de este artículo, exigiendo que cualquier fusión requiera referéndum previo amparado por la Carta Europea de Autonomía Local. Según Vila, “la medida carece de precedentes en otras normas autonómicas. Con 92 ayuntamientos, muchos de los cuales reúnen las condiciones que el texto establece para activar una fusión forzosa, la Diputación no puede quedarse en silencio".
Además, el anteproyecto define los municipios en situación de reto demográfico con hasta cuatro criterios acumulativos, pero la FEGAMP realizó una simulación con datos de 2025 que demostraba que estos criterios dejarían fuera del régimen especial a más de la mitad de los ayuntamientos gallegos menores de 5.000 habitantes, entre ellos municipios ourensanos con población en declive real como Amoeiro, Boborás, Cartelle, Maceda o A Pobra de Trives. Un régimen especial que, según Vila, “excluye precisamente a quien más lo necesita, por lo que no es un régimen especial”.
El anteproyecto iniciará la tramitación parlamentaria en el verano de 2026, tras el cierre del plazo de alegaciones el pasado 23 de febrero. La Diputación de Ourense, advierten los socialistas, “es el gobierno de la provincia con mayor densidad municipal de España”, por lo que consideran que la corporación tiene la obligación de expresar su posición antes de que el texto llegue al Parlamento. “Pedimos que esta institución se posicione con el respaldo democrático que solo un acuerdo del Pleno puede conferir, y que lo haga con una auténtica defensa de los 92 ayuntamientos de la provincia”, concluye el portavoz.