El PP de Ourense reclama un plan de financiación para que los concellos apliquen la Ley de Bienestar Animal
El Grupo Provincial del PP ha solicitado al Gobierno Central la creación de un sistema de financiación “directa y estable” para los concellos, con el fin de garantizar la correcta aplicación de la Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023. La norma atribuye nuevas responsabilidades a los municipios en la gestión de colonias felinas, pero carece, según el PP de una dotación económica suficiente.
La portavoz popular, Patricia Torres, y el diputado provincial José María Lago explicaron que esta situación es especialmente crítica para los concellos rurales y de menor población, que con el actual sistema de ayudas competitivas tienen dificultades para acceder a los recursos necesarios. Para Torres, la Ley demuestra “el desconocimiento total por parte del PSOE y de sus socios de Gobierno, de la realidad de nuestro rural y de la gestión municipal”. Además, recordó la “creciente carga” de responsabilidades que asumen los concellos sin acompañamiento de recursos.
El coste medio por animal, incluyendo esterilización e identificación mediante microchip, asciende a 260 euros. Sumado al elevado número de animales en las colonias felinas, “estas actuaciones pueden generar importantes desequilibrios económicos en las arcas municipales”, advirtieron. La situación, señalan, se ve agravada por factores como la extensión territorial, la dispersión poblacional y el carácter rural de los municipios, que pueden incrementar estos costes.
Por ello, el PP provincial insta al Gobierno a establecer “un sistema de financiación estatal directo, estable y automático” y a distribuir los fondos bajo criterios objetivos, basados en el número de habitantes y otras variables como la extensión territorial y el carácter rural, para asegurar una asignación equitativa y proporcional.
Asimismo, se reclama que se implemente un procedimiento simplificado para la justificación de los fondos y que la Diputación habilite medidas de apoyo a nivel provincial, especialmente para los concellos de menos de 10.000 habitantes. La línea de ayudas propuesta oscilaría entre 1.000 y 4.000 euros, según los criterios de población.
Torres y Lago insistieron en que la aplicación efectiva de la Ley de Bienestar Animal requiere una respuesta económica que permita a los concellos asumir sus nuevas competencias sin comprometer la estabilidad financiera municipal.