Cruce de reproches en el pleno provincial por el caso Tragsa, sin consenso ni apoyo a la moción del PP
La Diputación de Lugo rechazó este martes la moción del Partido Popular que motivó la convocatoria de un pleno extraordinario al término de la sesión ordinaria. La iniciativa reclamaba la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo y la reincorporación de 16 trabajadores, en el marco de las contrataciones con la empresa pública Tragsa.
Tras un debate intenso, el grupo socialista acusó al PP de “falsear la realidad, tergiversar los hechos y sembrar dudas sin fundamento”. La portavoz del Gobierno provincial, Pilar García Porto, aseguró que el fallo judicial no invalida ni los encargos realizados ni impide continuar colaborando con Tragsa como medio propio de la institución. Según explicó, la sentencia se limita a indicar que la decisión inicial debía adoptarse en pleno y no por decreto, un defecto que —añadió— quedó subsanado en abril de 2022 con la ratificación expresa del pleno tanto de la adquisición de la acción como de los encargos efectuados.
García Porto recordó también que ese acuerdo plenario fue impugnado por el PP, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo desestimó íntegramente el recurso y avaló la actuación de la Diputación. Al no presentarse recurso posterior, la resolución es firme, lo que, a su juicio, garantiza plena seguridad jurídica. En relación con la memoria económica, señaló que los tribunales concluyeron que no era exigible en este caso, al tratarse de una empresa pública estatal y no de una sociedad dependiente de la Diputación.
Por su parte, el PP reclamó el cumplimiento estricto de la sentencia del Supremo, calificada de “histórica”, y criticó que la presidenta Carmela López no apoyase la moción para reincorporar a los 16 trabajadores afectados. Antonio Ameijide acusó al Gobierno provincial de seguir las directrices del anterior presidente y de incumplir un fallo que, según dijo, declara ilegal la adquisición de una acción de Tragsa y la posterior encomienda de gestión por invadir competencias del pleno.
Los populares sostienen que la resolución fija jurisprudencia para las administraciones locales y evidencia una gestión contraria a la legalidad por parte de PSOE y BNG. Recordaron además que ya en 2019 advirtieron de la supuesta ilegalidad de un proceso que, afirman, provocó el desmantelamiento de Suplusa y la salida de trabajadores cuya situación continúa sin resolverse. A su entender, la sentencia anula los acuerdos adoptados y obliga a revisar la gestión de los servicios afectados.
En su propuesta, el PP defendió dar por finalizados los encargos a Tragsa y asumir directamente el mantenimiento de las zonas verdes, subrogando al personal en la Diputación. Ameijide insistió en la necesidad de garantizar los derechos laborales y calificó el caso como un “ejemplo de mala praxis política”.
La presidenta de la Diputación explicó que desde el inicio del mandato solicitó informes económicos y jurídicos para analizar el asunto con garantías, y subrayó que la institución cuenta con un informe de la Asesoría Jurídica que avala su posición. En cuanto a la situación del personal, la portavoz recordó que existe un procedimiento abierto en el Juzgado de lo Social número 1 de Lugo y consideró irresponsable adoptar decisiones políticas mientras no haya resolución judicial firme ni crear expectativas entre los trabajadores.
Finalmente, la Diputación reiteró que continuará actuando “con rigor y dentro de la legalidad”, garantizando la prestación de los servicios públicos y la estabilidad institucional en defensa de los intereses de la provincia.